Aprendizajes del Presupuesto 2023

Necesitamos de manera urgente que la Ley de Presupuesto sea lo que corresponde: una ley de autorización de gastos y de cálculo de recursos. La teoría presupuestaria incluye principios, uno de ellos es el de exclusividad, sin embargo los usos y costumbres del Congreso de la Nación fueron mutando esta ley a lo largo de los años para transformarla en una “ley ómnibus” que viola sistemáticamente este principio que está en nuestra legislación el el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera.

El artículo estipula que la Ley de Presupuesto “contendrá normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos”.

Nuestra legislación es clara, la Ley de Leyes no puede regular sobre aspectos que excedan a la asignación de recursos del año proyectado. Este principio tiene su razón de ser ya que su aplicación impide el llamado “contrabando normativo”, por el cual se incluyen en la ley de presupuesto normas que no tienen relación directa con el asunto principal.

Una vez más -ya que esto viene sucediendo hace años sin diferencias de colores políticos- en la Cámara de Diputados vimos como después de trabajar durante semanas en Comisión y de escuchar a los funcionarios, se agregaron 30 artículos el día del dictamen no solo sin posibilidad de debate y cuestionamiento a los titulares correspondientes de cada área sino que además aumentando la violación a este principio que había sido vulnerado en el proyecto inicial con 50 artículos que no cumplían con el principio.

El Presupuesto 2023 terminó regulando sobre salud, minería, defensa al consumidor, mercados, otorgando delegaciones, aumentos de impuestos, exenciones, beneficios y hasta una nueva tasa que encarece los vuelos en avión. Y dos blanqueos, cada uno de estos temas requiere el tratamiento propio de una ley.

Estos artículos son los que generan más discusiones y son los que se incorporan durante las negociaciones con los distintos actores pero también los que terminan dificultando su aprobación y desvirtuando la posibilidad de una normativa armónica y planificada.

Cada uno de estos agregados deja en evidencia que el Gobierno Nacional no solo no tiene un plan sino que, además, la falta de coherencia es absoluta. Se votó una Ley Parche que incluyó de todo y que legisla sin siquiera escuchar a expertos y afectados. Esto podría hacerse creando normativa específica y trabajando en comisiones.

Insto a todos mis colegas a que rompamos estas prácticas en la Cámara de Diputados y que trabajemos los temas sin incorporarlos con fórceps y ausencia de discusión para que, en un acto de responsabilidad, construyamos juntos con seriedad y respeto por las formas la seguridad jurídica de nuestro país.

Germana Figueroa Casas es Diputada Nacional (PRO) y especialista en finanzas públicas.

Fuente: Clarín